7 junio, 2017
- La Comunidad concentra el 70% del fraude en la variedad Orri, protegidas bajo licencia
- No tienen intención de regularizar las plantaciones ilegales
A los agricultores que no regularizaron sus plantaciones de Orri, una variedad de mandarina protegida bajo licencia, les puede costar muy caro. Se enfrentan a multas millonarias, que en la Comunidad Valenciana, el territorio donde la incidencia del fraude es mayor, podría superar los cinco millones. The Enforcement Organization, la empresa propietaria de los derechos de comercialización en España, ya ha abierto 72 expedientes por explotación ilegal, que afecta a 142 hectáreas y más de 69.400 árboles distribuidos en el Mediterráneo y Andalucía.
Cerca del 70% se ubica en la Comunidad Valenciana (48.580 árboles), que es con diferencia la autonomía con más plantaciones irregulares. Le sigue a mucha distancia Andalucía, que acredita el 19,4; Murcia, con cerca de un 8%; y Cataluña, con poco más del 2%.
Desde septiembre de 2016, la asociación de productores de este cítrico -Orri Running Committee- ha auditado más de 1.700 parcelas en todo el país, según indicaron ayer fuentes de esta organización. De todas ellas, 290 se corresponden con posibles explotaciones ilegales. El fraude afecta, por tanto, a sólo el 5% de las parcelas.
Los citricultores cazados han comenzado a recibir las primeras notificaciones. No sólo han de talar los árboles, sino que deberán hacer frente a importantes indemnizaciones. La cuantía varía en función de múltiples factores como la edad del arbolado, la persistencia en la infracción y el beneficio que el productor habría obtenido en las cosechas. Pero, según explicaron desde la asociación de productores de Orri, la horquilla más habitual oscila entre los 30 y los 90 euros por árbol. A esta cantidad habría que añadir los daños y perjuicios.
Orri es, en la actualidad, la variedad de mandarinas tardías que mayor rendimiento está encontrando en el mercado y cuenta, además, con la ventaja de que no genera semillas, por lo que son muy apreciadas por los citricultores.
Lo cierto es que los licenciatarios en España no tienen intención de regularizar las plantaciones ilegales que no se inscribieron durante el proceso abierto en 2015 y que concluyó en abril de 2016, según explicaron en la segunda asamblea de Orri Running Committee (ORC), que se celebró recientemente en Valencia.
En este foro se recordó a los asociados que se emprenderán acciones legales frente a todas y cada una de las plantaciones ilegales de la variedad Orri que no estén licenciadas. Todas las acciones legales emprendidas por TEO contra plantaciones ilegales están financiadas por la asociación de productores.
Elmundo.es (Comunidad Valenciana)
6 de junio
Millones de euros en ‘multas’ por las plantaciones ilegales de cítricos
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